Gerardo Albistur

La prensa (escrita) y las políticas públicas (represivas) de comunicación

Cuando se habla de políticas de comunicación, la referencia más frecuente es al espacio radial y televisivo, quizás debido a que la pertenencia de las ondas a los respectivos estados nacionales, justifican la adopción de políticas públicas definidas. Sin embargo, una política pública de comunicación más global y abarcadora, debería implicar a todo el sistema de medios de comunicación, incluidos los periódicos impresos. Pero en Uruguay no existe una experiencia anterior positiva en relación a políticas de comunicación que abarquen también a la prensa: la única política clara que involucró a los medios impresos ha sido una política represiva, que limitó durante 17 años a los medios, impuso clausuras temporales o definitivas, persiguió a periodistas y editores y promovió la autocensura.

Cualquier intento de definir políticas públicas de comunicación deberá partir de un diagnóstico preciso y exhaustivo del sistema de medios, y el período entre 1967 y 1985 en que la prensa se sometió a la más estricta censura, no puede ausentarse de ese análisis. Incluso porque sería ingenuo suponer que esas políticas represivas no provocaron secuelas estructurales que pueden aún manifestarse en la actualidad. Las dictaduras latinoamericanas buscaron un “consenso por temor”, que en el caso uruguayo se logró respecto a la prensa. Basta un ejemplo. Durante los años 1978, 1979 y 1980, luego de aplicar decenas de clausuras a medios impresos, la dictadura no clausuró un solo medio, lo cual señala no ya un declive de su política represiva sino una ausencia total de resistencia por parte de la prensa. Las clausuras que se imponen entre 1980 y 1985 son, además, cualitativamente distintas a las anteriores a 1979, de acuerdo a la fundamentación de las resoluciones que disponían las clausuras. Es posible observar un cambio discursivo en los medios, que ya advertía Roque Faraone en 1968, cuando afirma: “Distintos decretos del Poder Ejecutivo han restringido todos los derechos individuales, y entre ellos la libertad de prensa. El temor de perder la libertad en forma indefinida, sin garantías de proceso, sin defensa letrada, mediante una resolución de procedimiento secreto, ha producido ya una retracción general de la comunicación social, que puede considerarse la base del sistema de “consenso” que el gobierno ha buscado. Las restricciones a la libertad de prensa se inscriben en ese cuadro, lo expresan y a su vez lo acentúan (...). Incluso el tono, la fisionomía de las noticias, el lenguaje, los titulares, indican no una voluntad de ‘no correr riesgos', sino un conformismo natural y voluntario” (Faraone, 1968: 41). Las disposiciones “legales” que conforman el diseño de la política represiva de comunicación propia del período dictatorial, es, además, abundante. Numerosos decretos, leyes, comunicados oficiales, reglamentaciones, resoluciones, actas institucionales, refieren al control institucional al que fue sometido todo el sistema de medios en Uruguay. Allí se encuentran los supuestos teóricos de las políticas, las medidas concretas y los objetivos precisos.

Si bien la dictadura no logró, en última instancia, alcanzar el consenso pretendido para plasmar su proyecto político, no pocos fueron los avances y los éxitos de estas políticas. La censura se instaló como una capa arqueológica en la memoria también de los medios masivos, como la represión armada, la tortura y la desaparición forzada en todo el cuerpo social.

La supresión del “otro”.

El poder dictatorial suprimió a toda la prensa opositora, y utilizó a la permitida en la consecución de sus fines más inmediatos. Un discurso neutro, totalizador y chovinista impregnó a las publicaciones que transcribían los comunicados informativos habituales en la época, orientados a alertar a la población de las “conspiraciones contra la Patria” que aún anidaban en la sociedad. El consejero de estado Willy Paatocchi, en la única oportunidad que el consejo discutió las políticas aplicadas a la prensa con motivo de la suspensión a El Día de los beneficios en materia tributaria luego de una línea publicada en los clasificados del día 25 de setiembre de 1977 que rezaba “milicos putos”, sostuvo que varias veces El Día detuvo la edición del diario para realizar correcciones, y aseguró que “las Fuerzas Armadas, en todos los momentos trascendentes, mantuvieron un diálogo permanente con las más altas autoridades de los medios de difusión”.

Durante años la prensa dialogó con su propia censura. La autocensura se impuso, en el mejor de los casos para evitar el inconveniente de la suspensión o la clausura. En ese proceso, las clausuras parciales o totales de medios impresos se llevaron a cabo con rigurosidad, hasta desarticular los canales de emisión de cualquier discurso no coincidente con el único discurso permitido. Este proceso se afirma a partir de 1972, luego de sucesivas clausuras y finalmente la configuración del delito de difusión de noticias “no oficiales”.

La prensa uruguaya fue sometida a diecisiete años de censura. El período en que se limitó el contenido de las publicaciones se inicia en 1967, se profundiza antes del golpe de Estado de 1973 y culmina en 1985, cuando la sociedad uruguaya recupera su institucionalidad democrática en el transcurso de ese año. La censura impuesta en todo el período nunca permitió lapsos de mayor flexibilidad. Las irregularidades en el número de clausuras impuestas, existen en función de la resistencia de la prensa misma, que realizó su “aprendizaje” y adaptó su discurso a la institución del único discurso permitido. Quienes no aceptaron cumplir tal condición, simplemente fueron excluidos del escenario político. A menos de sesenta días de su clausura definitiva, en el inicio de la escalada represiva, el editorial del diario El Sol afirmaba:

No somos de los que van a la Jefatura a llevar ejemplares para solicitar el visto bueno de quienes consideramos los representantes de la arbitrariedad. Consecuentes en la defensa de la clase obrera, no solicitamos la autorización de la clase burguesa para decir nuestra verdad, ni estamos dispuestos a no hablar de los temas prohibidos (27 de octubre de 1967. Página 7).

Lo fundamental (y de alguna manera extraordinario) no radica en el “pico” de actos de censura traducidos en clausuras que se observan en 1971 (26 clausuras), sino en su drástica reducción a partir de ese año. De hecho, cuando la censura ya es un procedimiento establecido y frecuente, cuando el poder de los sectores más proclives a soluciones autoritarias acaba de consolidarse, las clausuras a medios de prensa disminuyen radicalmente.

Entre los factores que pueden explicar esta declinación se encuentra la ausencia de medios clausurados definitivamente y la mayor presión que ejerció el establecimiento del delito de difusión de noticias no oficiales. Sin embargo, se trata de determinar no tanto las presiones “externas” para suprimir al universo político de los medios impresos, sino los mecanismos que operaron al interior de las mismas empresas periodísticas que modificaron la topografía discursiva de las publicaciones. Si las políticas de comunicación del régimen autoritario pretendían suprimir a la política del ámbito de la comunicación, la autocensura evidente constituyó el éxito más concluyente de éstas.

El año 1972 fue, además, rico en acontecimientos. Ya en la primera sesión de la Asamblea General –cuando apenas asume sus funciones el Parlamento que luego sería disuelto– se producen serios incidentes que inauguran un período de intensa confrontación. Ese año se aprueba el estado de guerra interno y la suspensión de las garantías individuales, se producen allanamientos violentos contra cedes partidarias, las Fuerzas Conjuntas mediante la difusión de comunicados interviene de forma creciente en la vida política del país. La guerrilla continúa operando de forma más espectacular que efectiva, las actividades del Escuadrón de la Muerte adquieren notoriedad, en el Parlamento denuncian torturas a los detenidos en cuarteles militares. Como afirman Caetano y Rilla en su Breve historia de la dictadura, “el creciente y ya desembozado protagonismo político de los militares, la precaria estabilidad parlamentaria del gobierno, una virtual situación de ‘empate' de hegemonías y de vetos recíprocos en el interior del sistema político, la agudización de la conflictividad social enfrentada a la profundización de las prácticas represivas del régimen, entre otros factores, no hacían más que brindar credibilidad a los circulantes rumores golpistas, que efectivamente arrecieron hacia fines de 1972” (Caetano, Gerardo y Rilla, José, 1991: 13). En pocas palabras, 1972 es fecundo en episodios que acusan una intensa conmoción interna. Que durante este año se produjeran apenas dos clausuras a periódicos, señala los primeros efectos del recrudecimiento de la censura y su ya firme tradición. Pero también que pocos son los episodios en los que la prensa desafía estas limitaciones que socavan su poder de expresión. Un editorial de Acción , admite esta autocensura manifiesta.

Ha sido preocupación de este diario ajustar en todo momento su información de forma que ella no lesione los fines que se persiguen con los decretos que en la materia están vigentes (...), con la clara voluntad de contribuir así a la tranquilidad pública” (12 de setiempre de 1969. Página 3).

Los medios modificaron sensiblemente la estructura de sus discursos en forma definitiva a partir de 1972. Es de esperar que tanto el carácter de las noticias, como su presentación, la forma de titular, e incluso la extensión misma de los discursos periodísticos se haya retraído a un formato en el cual apenas se brinda la constatación de un suceso en su versión oficial, no ya su análisis, su inteligibilidad, causa o consecuencia inmediata en la vida política, social o económica del país. Esto es así debido a una suerte de adecuación de las publicaciones para disminuir los riesgos evidentes, especialmente a partir de un endurecimiento en las limitaciones a la prensa que, lejos de provocar la reacción de los medios en defensa de su libertad de emisión, surtió el efecto de orientar el discurso en un único sentido. En 1972 ya habían sido clausurados definitivamente (excluidos del universo discursivo) 11 periódicos, extremo que reduce notoriamente, además, cualquier postura mediática desafiante.

El poder cívico – militar posterior a 1973 no solamente se esforzó por suprimir al “otro” discurso de ruptura representativo de la izquierda política que convivía en el Uruguay de los años 60 y principios de los 70, sino a todo discurso político, cualquiera fuera su origen, a partir de la noción de connivencia entre partidos políticos y movimiento guerrillero. Los militares formulan este concepto de manera explícita en el Acto Institucional Nº 4, cuando “todo parecía dispuesto para que, sin negar explícitamente a los partidos políticos, se procediera a su clausura a través de la proscripción de su dirigencia y de su militancia”, mediante una resolución que se basaba “en la convicción de que la dirigencia política era culpable de su relación con el marxismo y la subversión” (Caetano y Rilla, 1991: 196). Esta convicción fue la base para la supresión de todo publicación alternativa al discurso del poder dictatorial que se afirmaba en 1972.

La supresión del adversario, que implica en sí misma la supresión de la política, se inicia con el decreto que prohibía mencionar a los grupos guerrilleros que operaban en el país. Más adelante el régimen se encamina a la supresión de toda oposición y todo discurso opositor, con el objetivo de superar la convivencia discursiva propia de los años 60 que advierte Panizza: “Tanto el discurso político de los militares como el de los Tupamaros fueron discursos de ruptura, aunque esa “ruptura” tuviera un significado diferente en cada caso. Pero es precisamente por ser discursos de ruptura que en ambos casos predomina la construcción de antagonismos” (Panizza, 1990: 196). Pero el discurso de “ruptura” de los militares suprimió la divulgación de la “ruptura” en cualquier otro sentido, más aún si implicaba la ruptura del propio sistema dictatorial.

La pérdida de funciones políticas y la autocensura

En Uruguay la prensa ha sido tradicionalmente partidaria, y la cultura política, democrática. Así lo establece C. Filgueira que define a la cultura política como “un sistema más o menos articulado de actitudes, valores y creencias referido al sistema político, o, si se quiere, a los distintos tipos de instituciones e interacciones políticas” (Filgueira, 1994: 85). La prensa puede abordarse como agente de la construcción de una cultura política determinada, o bien puede considerarse un resultado de ella. Este autor prefiere más que optar por un abordaje u otro, concentrar la atención en la relación entre ambas. Dada esta relación, observa que la prensa puede asociarse a cada una de las fases de formación del Estado uruguayo: la consolidación institucional del país durante su momento fundacional, la formación del Estado moderno y de la ciudadanía, y el período de posguerra donde emerge la ideología del desarrollo. En relación a las funciones de la prensa partidaria extinguidas hacia 1973, Filqueira ensaya la hipótesis que señala una pérdida de sus funciones propiamente políticas: “Todo indica que, de las cinco funciones señaladas (factor proselitista, arena de disputa inter e intra partidaria, canal de conformación de la carrera política, expresión pública del pluralismo democrático, socialización de las élites dirigentes), las tres últimas se fueron cancelando de forma gradual hasta quedar reducida a las funciones más descarnadamente instrumentales e inmediatistas” (Filgueira, 1994: 97).

Es preciso señalar que el tercer momento histórico del país marcado por el desarrollismo de corte cepaliano, hace crisis en los años previos a la dictadura, cuando los medios impresos dejan entonces de ser funcionales al nuevo proyecto que se inicia con la crisis económica y la consolidación del autoritarismo. Si tradicionalmente la prensa acompañó en sus funciones a cada uno de los períodos históricos del Uruguay, la supresión de ciertas funciones de la prensa netamente políticas, es consecuente con el proyecto que pretendió impulsar el régimen autoritario. En este sentido, no habría ruptura entre “momentos historicos” y “funcionalidad de la prensa”. Y las políticas que impulsó el régimen para adaptar a la prensa al nuevo escenario, también se vinculan con los supuestos teóricos predominantes en la doctrina de la seguridad nacional que animó al autoritarismo.

Inicialmente, la censura tuvo como contrapartida distintas formas de resistencia. Las páginas en blanco de los diarios censurados, significaban a la censura misma. Pero el régimen hizo rápidamente su aprendizaje, y cada texto censurado debía sustituirse por otro. A diferencia del caso uruguayo, en Brasil los diarios publicaban en el lugar de los textos censurados recetas de cocina o fragmentos de poesías que intentaran remitir al discurso no dicho. Se intentó “significar” el silencio (Pulcinelli, 1992), utilizando fórmulas de resistencia que de alguna manera indicaran al lector que la censura había sido impuesta. En Uruguay formas similares de resistencia se anularon con prontitud, y la autocensura trabajó más eficazmente que la acción de los propios censores. En setiembre de 1968, con la implantación de la censura previa, el espacio correspondiente al artículo censurado debía ocuparse con otro nuevamente sometido a censura con el objetivo de verificar su “neutralidad”. El ejercicio se transformó rápidamente en un mecanismo de autocensura, de autocontrol de los medios.

En una primera aproximación a los objetivos finales de toda censura, es posible concebir que intenta simplemente prohibir la difusión de un texto para que permanezca ignorado, para evitar que una determinada información, comentario o creencia, se conozca. En este caso, cualquier procedimiento para eludir la prohibición torna a la censura completamente ineficaz. El decreto de disolución de las Cámaras en junio de 1973 es un ejemplo claro de las limitaciones de esta interpretación. Porque de acuerdo a la lógica en cadena de los mecanismos que opera, la censura va más allá de un dispositivo que impide saber. Desde luego, la condición no democrática del gobierno uruguayo era a todas luces evidente y conocida por todos cuando prohibe expresamente en su artículo tercero divulgar el propósito dictatorial del Poder Ejecutivo.

La censura afirma que determinado enunciado no está permitido, impide que sea dicho, niega que exista. Lo ilícito (“prohíbese la divulgación”), lo informulable (“la atribución de propósitos dictatoriales”) y lo inexistente (la dictadura), se ligan de modo que cada uno es al mismo tiempo causa y efecto del otro: atribuir propósitos dictatoriales no está permitido porque la dictadura no existe. “De lo que está prohibido no se debe hablar hasta que este anulado de la realidad; lo inexistente no tiene derecho a ninguna manifestación, ni siquiera en el orden de la palabra que enuncia su inexistencia; y lo que se debe callar se encuentra proscrito de lo real como lo que está prohibido por excelencia” (Foucault, 1989: 102). El titular “No es dictadura” del semanario Marcha el 30 de junio del 73, explícitamente desconoció el mecanismo real de la censura y le costó, evidentemente, su clausura por tres ediciones.

Entre los procedimientos de exclusión se enumeran la palabra prohibida, la segregación de aquellos discursos no permitidos, y la oposición entre lo verdadero y lo falso, procedimiento que, “concierne sin duda a la parte del discurso que pone en juego el poder” (Foucalut, 2002a: 25). Cualquiera de estos tres procedimientos externos tuvieron lugar en el Uruguay. El tercero de ellos se manifiesta en la adopción de un discurso propio de la dictadura: durante el período autoritario la prensa “mantuvo una funcionalidad para la sociedad uruguaya compatible con las directivas del régimen, que proscribió de forma absoluta la función de “cuarto poder”. No había más que un poder, el castrense, y no se admitía otro” (Faraone, 1992: 36). No había más que un discurso, el castrense, y no se admitía otro.

A estos procedimientos externos, se agregan otros, internos, cuando los discursos ejercen su propio control al imponer a los individuos ciertas reglas. El procedimiento de la autocensura operó al interior de la prensa, sobre la amenaza de los procedimientos externos. Pero existe un tercer grupo de procedimientos de control del discurso que comprende a todos los demás: la doctrina, en oposición a las sociedades de discurso. Bajo un régimen democrático de expresión, la apropiación del discurso corresponde a un número limitado de individuos; la misma pluralidad determina que todo cuanto sea dicho circule sin restricciones pero a su vez restringido por la proliferación de otros discursos. En este contexto, la circulación de mensajes se limita al número de individuos destinatarios. Proliferan los discursos, pero su circulación no es universal. En cambio, la imposición de una “doctrina” supone una difusión en todo el entramado social pero de un solo tipo de discurso. La doctrina requiere el reconocimiento de las mismas verdades por parte de todos los individuos, excluye cualquier oposición, y “ cuestiona al sujeto que habla a través y a partir del enunciado, como lo prueban los procedimientos de exclusión y los mecanismos de rechazo que entran en juego cuando el sujeto que habla ha formulado uno o varios enunciados inadmisibles (...). La doctrina vincula a los individuos a ciertos tipos de enunciación y como consecuencia les prohibe cualquier otro” (Foucalut, 2002a: 44).

Si se sostiene que en Uruguay se produjo la sustitución de una práctica discursiva por otra como consecuencia de la represión de un tipo determinado de discurso “de ruptura” solo un análisis de las modalidades discursivas prohibidas para describirlas en su particularidad, puede permitir que esta ruptura aflore por encima de las continuidades aparentes y de las periodizaciones tranquilizadoras que reducen el devenir histórico a una sucesión evidente de acontecimientos al final de los cuales, la democracia resurge como el natural resultado de un “período de excepción”.

La censura operó por mecanismos legales e informales que se originan a partir de claras y explícitas políticas comunicacionales, aspecto clave de un proyecto mayor de contracción de la institucionalidad democrática. Un “conformismo natural y voluntario” de las publicaciones que advierte Roque Faraone es el corolario de un cambio en el discurso periodístico que se “despolitizó” estructuralmente, para formular únicamente los enunciados del poder. Esta estructura se mantiene, y si bien el proyecto fundacional del régimen autoritario solo habría cristalizado completamente si también el “ensayo fundacional” que señala Luis Eduardo González hubiera alcanzado el éxito, los resultados en pérdida de funciones propiamente políticas en la prensa uruguaya puede considerarse una conquista de ese proyecto. El éxito radica en la imposición “natural” de una estructura discursiva alejada del discurso político, que obra en deterioro de la comunicación política como instrumento de transformación y aprendizaje constante para una cultura política democrática.

Una conclusión inicial

Cuando se establece la necesidad de una política pública orientada a los medios masivos, la memoria histórica de los uruguayos no puede sustraerse de la experiencia que significó la represión dictatorial a los medios impresos. Una política pública de comunicación que comprenda también a la prensa y no solo a la radio y la televisión, deberá ser ella misma democrática, y orientarse en primer término a restituir el valor democrático del sistema de medios. En este caso, la misma formulación, implementación y evaluación de esas políticas, deberá llevar consigo la participación de los mismos medios de prensa.

En el transcurso de esta exposición, se habrá advertido que recorre el planteo una perspectiva crítica de la periodización clásica del período dictatorial, que también es preciso superar para avanzar en los estudios sobre el autoritarismo. Es posible que la prensa no haya culminado aún su “transición democrática”, al menos no en el grado de avance de otras instituciones. Cualquier política de comunicación debe contemplar este aspecto, y orientarse oportunamente a facilitar esa transición que, por simple coherencia, no puede ser impuesta desde el exterior al propio sistema de prensa.

Bibliografía citada

1  Caetano, Gerardo y Rilla, José. 1991. Breve historia de la dictadura . Claeh – EBO. Montevideo.

2  Filgueira, Carlos. 1994. Prensa y cultura política en Uruguay , en Filgueira, C., Nohlen, Dieter y otros. Prensa y transición democrática: experiencias recientes en Europa y América . Iberoamericana. Madrid.

3  Faraone, Roque. 1968. Medios masivos de comunicación . Nuestra Tierra Nº 25. Montevideo.

4  ______ . 1990. Reflexiones sobre comunicación social . Departamento de Publicaciones de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Montevideo.

5  Foucault, Michel. 1989. Historia de la sexualidad. 1- La voluntad de saber. Siglo XI. México.

6  ________. 2002. El orden del discurso . Tusquets. Barcelona.

7  Panizza, Francisco. 1990. Uruguay: Battlismo y después. Pacheco, militares y tupamaros en la crisis del Uruguay batllista . EBO. Montevideo.

8  Pulcinelli, Eni Orlandi .1992. Seis reglas para un discurso , en Análisis del discurso en perspectiva de enunciación . FCU. Montevideo.